La Masonería Argentina expresa su preocupación por el avasallamiento de la ley 1.420, el instrumento que organizó la educación común, laica y obligatoria a cuyo amparo se integraron a nuestra sociedad millones de inmigrantes y sus descendientes argentinos.

El paso del tiempo y el cumplimiento de sus fines determinó que esa ley, dictada a fines del siglo XIX, haya sido reemplazada por legislación acorde a los nuevos tiempos, con excepción del artículo 8 que garantiza la laicidad de la educación pública.

La laicidad determinó el carácter optativo de las clases de religión que debían ser dictadas antes o después del horario escolar y con autorización de los padres. Ninguna ley en materia educativa posterior a la 1.420 derogó el artículo referido.

Este paso, a cargo de la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico Argentino del Congreso de la Nación, abre el camino a la reimplantación de la enseñanza religiosa en los establecimientos de enseñanza pública, tal como lo ha establecido, por ejemplo, el gobierno de Salta.

Es correcta y necesaria la publicación de un Digesto que ponga claridad acerca de las normas legales que rigen nuestro derecho positivo, pero esa tarea no puede encubrir acciones que afecten el fuero íntimo y las convicciones de millones de argentinos.

La Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, institución que desde 1857 trabaja sin interrupciones, llama la atención de los legisladores encargados de analizar el Digesto y exhorta a las autoridades a evitar un paso de las dimensiones señaladas. La educación pública, gratuita y laica es un bien cultural y espiritual de todos los argentinos, un valor que cohesiona a nuestras familias.